La crisis financiera mundial tiene responsables concretos y conocidos. Y aún están pendientes las medidas que pongan un precio a esa responsabilidad. También están pendientes las decisiones que permitan transformar el sistema financiero y el actual modelo de desarrollo en un sistema más equitativo, justo, sostenible y humano. Es lo mínimo que en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos reivindicar
Pero mientras tanto, esta crisis ya se está cobrando víctimas. No víctimas simbólicas. Víctimas con nombres y apellidos, más de 1.020 millones de personas entre las poblaciones más vulnerables del planeta, principalmente en países y zonas muy distantes del parqué de las bolsas y de las sedes de los grandes bancos e instituciones financieras.
Es inadmisible, y éticamente reprobable, que las medidas para luchar contra la crisis financiera se dirijan en contra del Desarrollo Humano y de los Objetivos del Milenio.
La Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de media sólo 8 euros por habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395 euros de gasto militar por habitante contabilizados en 2010.
Sin embargo, la reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en las Comunidades Autónomas en 2010 y 2011 ha superado los 160 millones de euros, un retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, empoderamiento de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos. Por otro lado, las iniciativas que fomentan la sensibilización de una ciudadanía comprometida con la justicia internacional, la defensa de los derechos humanos y la equidad social y de género, se ven también gravemente perjudicadas. El gobierno estatal no ha estado al margen de estos recortes y entre 2010 y 2011 ha superado los mil millones de recorte en la política de cooperación
La Ayuda Oficial al Desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas, es un imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos.
La sociedad española ha expresado reiteradamente su compromiso solidario con los más necesitados y ha de respetarse esa voluntad manifiesta. Y, de manera significativa, ha expresado su rechazo a la medida de recorte de la ayuda a los países más empobrecidos.
La lucha contra la pobreza no puede abandonarse cuando la crisis más afecta a los países empobrecidos y los gobiernos deben cumplir sus compromisos. En los dos últimos años y con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de los 90. Bajo la consigna de «cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público», se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las personas más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo, esta situación está tomando dimensiones preocupantes.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos tenemos que alertar sobre lo que podemos considerar el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y en consecuencia, de las políticas de cooperación.
Javi Fornell 